Refieren a Ética Gubernamental al alcalde de Corozal por supuesta malversación de fondos públicos

José "Pichy” Torres Zamora, candidato a representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental en contra del alcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, por supuestas violaciones a los incisos b, k, l, m y s del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, por "haber hecho uso indebido de la tarjeta de crédito del municipio y requerir el pago de cuotas para su campaña política a los empleados municipales”.

"Pichy” Torres explicó que "en febrero de este año, el alcalde popular de Corozal realizó un viaje a Orlando, Florida, en el que se dio vida de pachá con la tarjeta de crédito del municipio. De esta forma, utilizando fondos públicos, se pagó comidas en restaurantes, artículos en Walmart, productos en 7-Eleven, entre otros gastos personales, según consta en la copia del estado de cuenta que sometimos como parte de la evidencia”.

Entre los "gastos personales del alcalde de Corozal pagados con la tarjeta de crédito del municipio en Orlando están varias comidas en Broadway Ristorante, por 67.79 y 37.45 dólares, y otra en la lechonera El Barrio, por 65.86 dólares”, añadió Torres Zamora.

Según estos señalamientos, el alcalde, quien ya ha sido multado en ocasiones anteriores por la Oficina de Ética Gubernamental, y fue suspendido de empleo y sueldo por irregularidades similares, está violando los incisos b y s del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, así como el inciso f del artículo 8.004 de la Ley de Municipios Autónomos.

La segunda querella, que acompañó con varias fotos de pantalla (screenshots) de mensajes de texto enviados a los empleados municipales, "evidencia que el alcalde les está exigiendo el pago de cuotas para su campaña política, en otra clara violación a la Ley de Ética Gubernamental”.

"En este caso, tenemos dos situaciones diferentes, ambas constitutivas de delito. Primero, el 30 de septiembre pasado, empleados de Obras Públicas municipal, por órdenes del alcalde, fueron convocados a comparecer a un estacionamiento frente a la zona industrial del municipio para recoger dinero para su campaña”, detalló el político novoprogresista.

Añadió que más de 40 empleados fueron convocados a este lugar "y allí se les requirió el pago de 20 dólares para la campaña política del alcalde y del Partido Popular Democrático. De igual forma, se les requirió que fungieran como funcionarios de colegio para el PPD en las próximas elecciones”.

Y la administradora del municipio, Rosarito Rodríguez, "envió varios mensajes de texto a los empleados, recordándoles que los empleados tienen que pagar 20 dólares mensuales, y que los directores tienen que pagar otra cantidad no especificada para la campaña política del alcalde y el PPD”, concluyó Torres Zamora.